menú principal título de página menús destacados contenido pie de página
My Florida CFO

Iniciativas

Manténgase Conectado

Siga al
Departamento de
Servicios Financieros

¡Suscríbase al boletín informativo del Oficial Principal de Finanzas!

Nota de Prensa

Noticias   RSS RSS   Oficina de Prensa   Archivo

Gallagher, Rep. Cannon Push for Tougher Laws against Insurance Fraud

4/4/2005

CONTACT:
Tami Torres or Nina Banister 
(850) 413-2842
       
TALLAHASSEE—Florida's Chief Financial Officer Tom Gallagher and State Representative Dean Cannon joined today to urge support for legislation that would increase penalties for filing fraudulent auto crash reports that can be used to bilk insurance companies, strengthen consumers' rights to sue operators of unauthorized insurance entities and enhance criminal charges for workers' compensation fraud.
 
Cannon, R-Winter Park, y el senador J.D. Alexander, R-Lake Wales, están apoyando los proyectos de ley complementarios.  El Proyecto de Ley del Senado 2330 está programado para ser considerado el martes por el Comité Bancario y de Seguros del Senado, y se espera que el Proyecto de Ley de la Cámara 967 sea discutido el miércoles por el Comité de Seguros de la Cámara.
 
La legislación propuesta impondría una sentencia mínima de dos años de prisión obligatoria por presentar cualquier informe policial en un accidente automovilístico inventado.  Además exigirá a las clínicas médicas anunciar el número de la línea directa del programa Fraud Buster (Caza Fraudes) del departamento y la información sobre el programa de recompensas.
 
Se exige por ley a los conductores de la Florida tener al menos $10,000 en cobertura de Protección contra Lesiones Personales (PIP), además de $10,000 en cobertura de responsabilidad por daños a la propiedad.
 
"This coverage is intended to protect our citizens by ensuring immediate access to medical care, and ensuring that hospitals – where most legitimate accident victims seek care – are reimbursed," said Gallagher. "Instead, fake medical clinics are springing up for the sole purpose of fraudulently billing insurance companies.   We have to stop that and need the help of every law-abiding Floridian to do that."
 
"Floridians are getting hit head-on with higher premiums and costs due to insurance fraud," said Cannon.  "Insurance fraud has a direct financial impact on hard-working Floridians, and the legislation we are proposing would go a long way toward stopping these schemes."
 
En 2003, la Legislatura promulgó algunas de las leyes más duras contra el fraude PIP.  Esa ley estipula una sentencia en prisión obligatoria mínima de dos años por planificar, asistir o participar en el montaje de falsos accidentes de autos, o por abordar a los pacientes con el propósito de presentar reclamaciones de seguros fraudulentas.   

Sentencia más duras son el resultado de las leyes impuestas en 2003. Más condenas son el resultado de la primera fiscal dedicada al fraude PIP, Nina Vivenzio, cuyo puesto es financiado a través de la Florida Automobile Joint Underwriting Association y la Oficina del Fiscal del Estado en Miami-Dade.
 
En los últimos cinco años, la división de fraude de seguros del Departamento de Servicios Financieros, supervisado por Gallagher, ha detenido a más de 900 individuos asociados con más de $25 millones en fraude PIP y más de 70 están enfrentando o cumpliendo la sentencia mínima de prisión.
           
La ley propuesta por Alexander y Cannon también clarificaría el derecho de los residentes de la Florida a demandar a los ejecutores de operaciones de seguro falsas.  No hay fondo de garantía para cubrir las reclamaciones impagas cuando una compañía de seguros sin autorización se vuelve insolvente. 
 
Desde 2001, el departamento ha iniciado acciones contra más de 200 entidades y agentes sin licencia por vender seguro falso a miles de residentes de la Florida, quienes fueron abandonados con más de $18 millones en reclamaciones impagas. 
 
La ley aumentaría los cargos penales que pueden ser entablados contra los empleadores que no proveen cobertura de compensación legal por accidentes de trabajo, la cual se exige en la Florida para empleadores con cuatro o más trabajadores.  La ley convierte en delito grave de primer grado si un empleador no proporciona la cobertura y el empleado muere en el trabajo.  Si un empleador no proporciona la cobertura y el empleado es internado con una lesión laboral, sería un delito grave de segundo grado.  
 
Alrededor de 1,800 empleadores de la Florida, el año fiscal pasado, fueron multados o acusados penalmente por no proporcionar cobertura de seguros a más de 13,000 trabajadores.  En julio pasado, dos empleados murieron en un accidente de construcción en un sitio de trabajo de Hobe Sound y su empleador no tenia cobertura.  El empleador fue acusado por delito grave de tercer grado y fue multado por $2.4 millones.  
 
"Insurance fraud not only is a drain on our economy, it also is a public safety concern," Gallagher said.  "We have people on our roads looking to have accidents, we have Floridians being sold bogus insurance plans, and we have workers who may not have access to appropriate medical care if they are hurt on the job.  I urge legislators to join us in support of this legislation."