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Gallagher: Ongoing Crackdown on PIP Fraud Snares 3

8/8/2006

CONTACTO: Nina Banister
(850) 413-2842 
 
MIAMI—Tom Gallagher, Oficial Principal de Finanzas de la Florida, anunció hoy que las continuas ofensivas para evitar el fraude de seguros de responsabilidad sobre lesiones corporales (PIP) del Departamento de Servicios Financieros han conducido al arresto de tres personas - entre las cuales se encuentran un padre y su hija - por cargos de delitos graves a raíz de accidentes simulados y facturaciones fraudulentas de seguros de automóviles por más de $40,000.  Anteriormente se arrestaron otras cuatro personas por casos similares y se prevén más arrestos.
 
"Estamos enviando un mensaje claro de que no toleraremos el abuso ni los robos por fraude a nuestros ciudadanos", declaró Gallagher.  "Gracias a nuestros esfuerzos, han disminuido los índices de abuso en los últimos años, de modo que continuaremos persiguiendo agresivamente a aquellos que defrauden el sistema".
 
Estas investigaciones forman parte de una continua ofensiva llevada a cabo por la División de Fraude de Seguros del departamento con la colaboración de la National Insurance Crime Bureau (NICB).
 
Lorenzo Morales, 51, está acusado de planear y dirigir un accidente simulado en Febrero de 2004 en el cual participó su hija Yuliana, 19.  Según los testigos, Lorenzo Morales lanzó su vehículo sobre otro y luego huyó del lugar antes de que llegara la policía.  Morales y su hija facturaron más de $25,000 a State Farm Insurance Company por procedimientos y tratamientos médicos innecesarios.
 
Berlitz Bourjolly, 45, de Pembroke Pines, está acusado de organizar un accidente simulado en julio de 2003 que causó reclamaciones de más de $15,000 por lesiones corporales y PIP fraudulento presentadas a Geico Insurance Company.  Bourjolly, también conocido como "Dr B", supuestamente pagó el costo del alquiler del auto que se utilizó en el accidente, y también pagó a los participantes hasta $1,000.  Bourjolly luego remitió a los participantes a una clínica llamada ECM Medical, ubicada en 8325 NE 2 Avenue, Suite 100, en Miami para recibir un tratamiento médico simulado.
 
Los investigadores creen que Bourjolly era un corredor que pasó a operar su propia clínica.  De hecho, Bourjolly fue arrestado fuera de su clínica , Fast Recovery Rehabilitation, ubicada en 6151 Miramar Parkway, Suite 206, en Miramar, que fue constituida en junio de 2005. 
 
En los accidentes simulados, los que planifican y organizan dichos accidentes, por lo general están conectados con propietarios de clínicas inescrupulosos y tienen como objetivo el seguro de Protección contra Lesiones Personales (PIP), y facturan un promedio de $10,000 a las compañías de seguros por cada paciente.  Se estima que el fraude de seguros de automóviles le cuesta a la familia promedio de la Florida tanto como $250 al año.
 
Desde 2000, la División de Fraude de Seguros del departamento ha llevado a cabo más de 1,100 arrestos, evitando reclamaciones PIP fraudulentas por más de $36 millones.  Sólo en Miami, esos arrestos incluyen 741 pacientes, 81 propietarios de clínicas, 31 médicos, 67 empleados de clínicas y 159 corredores.
En otro esfuerzo para luchar contra este fraude, la división se asoció con Florida Automobile Joint Underwriting Association y Miami-Dade State Attorney’s office (Oficina del Abogado del Estado de Miami-Dade) y contrató a Nina Vivenzio como fiscal dedicada a fraudes PIP en 2004.  En la actualidad hay dos fiscales dedicados a fraudes PIP, luego de que Erika Isidron comenzara también a prestar sus servicios en febrero de 2006.  Las dos han supervisado más de 450 arrestos por fraudes PIP.
 
El Departamento de Servicios Financieros, División de Fraude de Seguros, investiga varias formas de fraude en seguros, incluyendo seguros de salud, de vida, de autos, de propiedad y de compensación por accidentes de trabajo.  Cualquier persona que posea información sobre este caso o sobre cualquier otro posible plan de estafa debe llamar a la línea directa de Lucha Contra el Fraude del departamento al 1-800-378-0445.  Se puede ofrecer una recompensa de hasta $25,000 por información que conduzca a una condena.